La economía de mercado surte sus efectos benéficos en favor de la sociedad cuanto más intensa sea la competencia en su seno. Esto es lo que puede leerse en los manuales de economía, aunque en México la Comisión Reguladora de Energía (CRE) parece pensar exactamente lo opuesto. Las barreras de entrada a nuevos participantes en el mercado pueden estar marcadas por factores puramente económicos –como una inversión inicial de gran tamaño– o por requisitos administrativos. Y este parece ser precisamente el caso con la CRE, que tiene acumuladas pendientes de resolución aproximadamente 10,000 solicitudes para permisos de operación, de las cuales cerca de 8,000 corresponden al sector de hidrocarburos.

Arrastrar los pies en el trámite de esas solicitudes había sido la política implícita para la Comisión Reguladora de Energía desde los inicios del sexenio. No obstante, apenas hace unos días esa política se hizo explícita y oficial al expedirse en el Diario Oficial el Acuerdo A/004/2023, ordenamiento que según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) “restringe la atención de trámites pendientes y futuros de participantes del mercado”. En términos del mencionado acuerdo, el organismo atenderá por mes tan sólo 50 de esas solicitudes pendientes en el ramo de hidrocarburos y tan sólo 15 en el campo de la electricidad. O sea que en dos años se despacharán tan sólo el 15% de las solicitudes acumuladas para hidrocarburos. ¡Parece casi una burla!

Un camino a seguir para los afectados sería el de la queja en contra del acuerdo referido. En términos del CCE, “solicitamos la modificación del acuerdo en apego al marco jurídico vigente y la habilitación de un sistema eficiente y transparente de plazos y tiempos que fomente el dinamismo y la competencia en el sector energético mexicano”. Al respecto, es claro que la intención de fondo del acuerdo de marras es defender la posición monopólica de Pemex en el mercado petrolero y de la Comisión Federal de Electricidad en el ramo de electricidad.

Y el tema también presenta implicaciones en cuanto a la materia energética en el marco del T-MEC. Ello, por obstruir “de manera artificial” los trámites para que las inversiones se realicen en ese sector. En tal sentido, el ya citado Consejo Coordinador Empresarial expresó que tales medidas “contravienen los compromisos asumidos por México en el marco de las consultas comerciales con Estados Unidos y Canadá”. Con todo, en la nota no se habló de una posible controversia.

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