Se compone de 7 puntos y esperan presentarlo en la primera oportunidad ante las autoridades.

Con la finalidad de combatir el robo de gas licuado de petróleo (gas LP) y su distribución ilícita, asociaciones de empresarios distribuidores del energético propusieron un plan de trabajo coordinado entre autoridades e industria.

Reiteraron que este problema se encuentra principalmente en 18 municipios pertenecientes a 5 estados de la República, por lo que esperan poder presentarlo en la primera oportunidad a los representantes del gobierno federal, según fuentes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Conexos (AMEXGAS).

“Los 18 Municipios con mayor incidencia de robo de Gas L.P. al ducto de Pemex, son: Tepeaca, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Acatzingo, Tlahuapan, Los Reyes Juárez, Amozoc, Acajete, San Salvador el Verde y Palmar del Bravo en Puebla; Calpulalpan, Nativitas y Nanacamilpa en Tlaxcala; Tepeji del Río en Hidalgo; Nextlalpan en el Estado de México; y, José Azueta en Veracruz”, insistieron las agrupaciones de gaseros.

Por ello, consideraron importante fortalecer y focalizar el programa de seguridad, celaje y de reacción inmediata, específicamente concentrado en el tramo del ducto de Pemex que se encuentra en esos 18 municipios.

La propuesta, consistente en 7 puntos, fue dada a conocer este martes de manera conjunta por la Cámara Regional del Gas A.C., la Asociación de Distribuidores de Gas LP del Interior A.C. (ADIGAS), la Asociación de Distribuidores de Gas LP del Noreste (ASOCINOR) y por la AMEXGAS, y plantea:

1. Realizar tareas de inteligencia, de investigación, de operación y supervisión en los 18 municipios que concentran el 94% de las tomas clandestinas en el ducto de Pemex.
2. Implementar operativos en carreteras de acceso a las principales zonas de distribución, solicitando el CFDI que acredite la procedencia lícita del producto.
3. Llevar a cabo operativos en rutas de distribución para verificar la procedencia lícita del producto, así también como operativos en estaciones de servicio, plantas de distribución y centros clandestinos de trasiego de gas LP.
4. Realizar operativos para eliminar las zonas controladas de reparto en las que operan ilícitamente grupos de choque y seudosindicatos que no permiten la libre competencia, verificando que se acredite la procedencia lícita del producto comercializado.
5. Realizar operativos en ruta en la Zona Centro del País con CDMX, Estado de México, Puebla e Hidalgo como en la Zona Golfo y Sureste con Veracruz, Tabasco y Chiapas para eliminar los 6 mil equipos de reparto que se estima que no cumplen con la Ley y no están debidamente registrados ante la CRE. Esta práctica expone a la población consumidora a graves accidentes, ya que los equipos y el personal no cumplen con las normas de seguridad y capacitación requerida, tampoco tienen un seguro de responsabilidad civil y ambiental y no cumplen con sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
6. Asegurar que todo el equipo de reparto pernocte en plantas de Distribución y en Centrales de Guarda registrados ante la CRE, para garantizar que el producto que se distribuye en estos equipos es de origen lícito. Exigiendo el cumplimiento de la Disposición Administrativa de Carácter General en materia de Transporte y Distribución de la Gas L.P. con DOF 22/01/2019 que establece que todos “los equipos de reparto deberán pernoctar en las plantas de distribución y centrales de guarda registradas ante la propia CRE”.
7. Fortalecer la legalidad y el Estado Derecho, fomentando la distribución formal que sí cumple con la regulación en materia de seguridad, administrativa y fiscal, mediante la autorización de más de 2 mil permisos y trámites rezagados en la CRE, generando una mayor competencia en los mercados, un mejor servicio y mayores índices de seguridad de operaciones, al contar con equipos de reparto e instalaciones nuevas, privilegiando la libre competencia, el interés social, la seguridad y el beneficio de los consumidores.

Los empresarios distribuidores del gas LP formalmente establecidos han insistido ante las autoridades locales y federales sobre los impactos negativos que tienen las prácticas ilícitas de extracción y comercialización del energético para Petróleos Mexicanos, las finanzas públicas, las inversiones de la industria, la seguridad de las instalaciones y de sus trabajadores, así como para la seguridad de los consumidores finales.

Las asociaciones y la Cámara detallaron el número de tomas clandestinas por entidad:

• Puebla con el 61% de las tomas clandestinas, con 1,462 al año, o 4 diarias.
• México con el 17% de las tomas clandestinas con 400 al año, o 1 diaria.
• Tlaxcala con el 11% de las tomas clandestinas con 262 al año.
• Veracruz con el 5% de las tomas clandestinas con 122 al año.
• Hidalgo con el 3% de las tomas clandestinas con 67 al año.
• Querétaro con el 2.03% de las tomas clandestinas con 49 al año.
• Nuevo León con el 0.58% de las tomas clandestinas con 14 al año.
• Guanajuato con 0.49% de las tomas clandestinas con 12 al año.
• Chiapas con 0.33% de las tomas clandestinas con 8 al año.
• Tabasco con 0.16% de las tomas clandestinas con 4 al año.
• Chihuahua y Tamaulipas con 0.04% cada uno con 1 al año por cada Estado.

“Consideramos que un esfuerzo focalizado en estos 18 municipios (pero sin dejar de atender a los demás Estados de la República con tomas clandestinas) tendría resultados muy positivos en el combate y disminución de robo de Gas L.P.”, manifestaron las agrupaciones empresariales.

Advirtieron de la misma forma que actualmente se realizan 7 tomas clandestinas al día, por lo que, de no implementarse un programa efectivo, este problema continuaría creciendo, como ha ocurrido en años recientes, con graves consecuencias patrimoniales para Pemex, para las finanzas públicas del país y genera una gran inseguridad para todos los mexicanos.

En este sentido, reiteraron su llamado a preservar el Estado de Derecho y el cumplimiento regulatorio que garantice una industria segura en beneficio de los consumidores finales.

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