La corrupción de autoridades federales para proteger a empresas con actividades supuestamente monopólicas en el mercado de gas licuado de petróleo impide que los consumidores sean beneficiados de las bondades de la reforma energética. La empresa mexicana Rivera Gas denunció ante la Secretaría de Función Pública actos de corrupción por parte de la Agencia de Seguridad del Medio Ambiente, por la obstrucción del arranque de operaciones de la planta de la empresa ubicada en Tecate, Baja California.